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El Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños que se evoca cada 23 de septiembre fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999. Su creación tuvo relación con la celebración de una fecha argentina: la del 23 de septiembre de 1913, cuando fuera promulgada la ley 9.143, primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil.
A pesar de ser uno de los crímenes más extendidos en la región centroamericana, poco se habla de la trata y menos aún se conocen sus características. Por tal razón, tampoco existe una incidencia de denuncia acorde con el volumen de sus operaciones. En muchos casos, las familias confunden un acto de trata con una decisión voluntaria de la víctima, quien en cambio ha sido objeto de violencia, engaño y presiones por parte de los miembros de estas redes.
Para aclarar el concepto, es conveniente citar la definición de este crimen según el protocolo de Palermo: “Trata es la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza, rapto, engaño, fraude, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, laboral o de otra índole”.
Y continúa: “Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
Las estrategias de los tratantes son de una pasmosa precisión y eficacia. Aprovechan las debilidades de las víctimas, como alguna situación de maltrato familiar, un evento catastrófico que haya colocado a la comunidad en situación de caos y vulnerabilidad; pero, sobre todo, el bajo nivel educativo de sus objetivos potenciales, deficiencia ampliamente extendida entre la población a todo lo largo y ancho del territorio nacional.
La permeabilidad extrema de las fronteras y la participación de autoridades del aparato estatal en el negocio, facilitan el tráfico de personas hacia otros países. Esta situación empeora en gran medida la situación de las víctimas y hace casi imposible su localización y recuperación. Los volúmenes de efectivo que se mueven entre las manos de los tratantes constituyen, además, un blindaje sólido contra cualquier intento de denuncia o investigación por parte de los familiares de las personas secuestradas por estas redes.
En países como Guatemala, agobiados por la violencia criminal, el narcotráfico, la corrupción y sobre todo la inestabilidad política —no existen estructuras partidarias sólidas y sostenidas por una ideología— estos delitos tienen muchas oportunidades de lograr una completa impunidad. El poder de estos carteles es muy superior al de los cuerpos de seguridad del Estado y, por tal motivo, se precisa un mayor involucramiento de la sociedad para incrementar la denuncia y movilizar las operaciones de búsqueda de niñas, niños, adolescentes y mujeres cuyo destino se desconoce.
Fuente: Prensa Libre Guatemala
mis respetos me encanto la pagina!
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