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| Rigoberto Júarez , Autoridad Q´ajoba, representante del Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Popti y Mestizal |
Gladys Tzul Tzul[1]
Socióloga k’iche’.
Sí. Es tan vivo y presente ese
“venimos a contradecir”, que era la
frase que daba inicio a varios de los alegatos de las comunidades para
recuperar sus tierras y para pedir que los criollos no las invadieran en plena época
de la colonia española. Con mas de cinco siglos de perdurabilidad y
consistencia las estructuras de gobierno comunal del norte de Huehuetenango siguen
contradiciendo y defendiendo sus territorios. Fueron las mujeres y hombres de
Santa Eulalia, Barillas, San Juan Ixcoy y San Mateo Ixtatán quienes dieron
aviso a otros territorios indígenas que una embestida de despojo de tierras se
venía contra las comunidades; hábilmente y con su estrategia comunal de deliberar
y de producir discursos y prácticas políticas convocaron a consultas comunitarias
para contradecir al modelo extractivo; se declararon territorios libres de
minería; organizaron la resistencia y con ello fueron dando cátedra de cómo los
pueblos se unen para defender territorios comunales y para defender el agua.
Lo que ha sucedido en Huehuetenango en estos últimos años da
para escribir crónicas y análisis de como las comunidades responden a la
represión, ha habido historias de
muertes de maestros, de cierre de radios comunitarias, del encarcelamiento de
autoridades comunales, de mucho dolor por la persecución de sus seres queridos.
Historias de q’anjobales ante
un tribunal explicando que no han cometido delitos y que lo que han hecho es defender la vida y el
territorio porque así se los han encargado quienes los nombraron en asamblea; de
mestizos que se unieron a las autoridades comunales para defenderla vida; de esposas que sostienen la
lucha en las comunidades.
Poco importaría la escritura, si esta tuviera efectos
verdaderos de interrumpir la muerte, de liberar a los presos políticos, de evitar
la construcción de hidroeléctricas, y de que las instituciones estatales no
subordinen a las autoridades comunales.
Si de algo sirve la escritura, que sea para apoyar el
histórico acto de contradecir. Por ello
propongo tres puntos desde los cuales el juicio contra las autoridades
comunales del norte de Huehuetenango exhiben el anquilosado corsé de la
prolongada colonia en la república
guatemalteca, corsé al cual las
comunidades responden y contradicen.
a) Venimos a contradecir que los niñxs no
son violentos, como se atrevió a decir una testigo que presentó el Ministerio Público
para acusar a los presos políticos del
territorio q’anjobalano. Lo contradecimos porque somos hijxs de mujeres
y hombres que día a día trabajan dignamente, de familias que desde tiempos
inmemorables cuidan y cultivan los territorios comunales; aprendimos con
nuestros padres y madres una serie de estrategias para organizar la vida en
colectivo y para resistir a los despojos. Nuestra escuela política fueron las
asambleas comunales, ahí comprendimos que las tensiones se tienen que regular y
se equilibran al calor de las
amenazas; que el trabajo comunal produce
riqueza concreta: las fuentes de agua, los ríos, los caminos, las montañas y
las fiestas, entre varias más.
Somos comunidades que hemos logrado conservar nuestras
tierras donde hoy día las empresas
quieren poner sus hidroeléctricas. Nuestra política comunal hace posible
nuestra vida, pero también hace posible la vida de varios cientos de miles más.
Las montañas que cuidan en el norte de Huehuetenango surten de agua a gran
parte de la población de Guatemala, incluyendo a las personas que osan decir
que a los niños son violentos.
b) Venimos a
contradecir, al ministerio público. Las autoridades comunales no son
agitadores. Son autoridades comunales y su función es defender el territorio. Haciendo
una reflexión de corte histórico podemos nombrar que una de las funciones más
importantes de las autoridades se puede resumir de la siguiente manera: “eran
responsables de preservar la
integridad territorial de sus comunidades frente a las incursiones de haciendas
y otros pueblos”[2]
No hay disociación entre autoridad comunal y asamblea comunal. Una no
existe sin la otra y viceversa. Ser autoridad adquiere un carácter de
obligación por vivir en comunidad. Las autoridades comunales encarnan la
voluntad comunal, pero al mismo tiempo, éstas se encuentran sujetas a las
decisiones de las asambleas comunales. Las comunidades tienen mando, pero es un
mando que esta sujeto a la obediencia de la voluntad de la asamblea. Las autoridades no expropian la autoridad de
la asamblea, se deben a ella[3]. Son las comunidades con sus autoridades
quienes por siglos se han hecho cargo de regular la vida comunal y con ellos
han aportado al país. Todxs sabemos que donde
hay presencia de autoridades comunales, hay menos conflictos.
c) Venimos a
contradecir, a las instituciones de justicia estatal del norte de
Huehuetenango. Las autoridades comunales no boicotean a las instituciones
estatales. Así lo testimonian los presos políticos, que manifestaron que su
función es intermediar y coordinar con los representantes del Estado. Una de
sus principales funciones es reducir los conflictos y los enfrentamientos. Las
autoridades comunales permanentemente busca la coordinación de actividades,
sino, no podríamos comprender que hayan logrado su pervivencia en el tiempo.
Aunque casi todo el tiempo tienen que lidiar con la subordinación
de los funcionarios estatales, quienes muchas veces hacen gala de su explícito
racismo. Muchos de nosotros sabemos que mientras las autoridades comunales son
nombradas y designadas en asambleas, que son cargos honorarios de mucha
responsabilidad y que tienen la obligación de conocer y respetar el
funcionamiento de la estructura de gobierno comunal así como de las
instituciones estatales. Al contrario,
los operadores de justicia del norte de Huehuetenango no tienen ni el mínimo conocimiento
del contexto histórico donde trabajan, muchas veces son gente sin experiencia y
que tratan con mucho irrespeto a sus usuarios. O, varios de ellos, aún y conociendo
de las texturas histórico-políticas de los pueblos donde trabajan, deciden
seguir el juego estatal y se hacen cómplices de subordinar a sus hermanos. Mientras
las autoridades se acercan para hacer coordinación. Estos les responden con el
desconocimiento y la represión.
Así pues, el destino que tengan los presos políticos del
norte de Huehuetenango, marcará el rumbo del antagonismo entre comunidades indígenas
y estado guatemalteco. Así de radical. El tribunal tiene la oportunidad de
comenzar a hacer justicia, de liberarse del espíritu criollo que funda el Estado guatemalteco.
Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar, Ermitaño
López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan, y Mynor López. Aquí
afuera los estamos esperando.
¡libertad a los presos políticos!
[1] Agradezco a Simón Antonio. Ramón Por invitarme a
escribir para FGER. y noticiero Maya K’at.
[2] Tzul Tzul, 2016. Sistemas de gobierno comunal indígena. Mujeres
y tramas de parentesco. SOCEE. TZ’I’KIN
y Maya Wuh.
[3] Este punto se encuentra explicado en el peritaje que
presente ante el juzgado de mayor riesgo en el juicio contra los presos
políticos de Huehuetenango.
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