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martes, 28 de octubre de 2014

No al Estado de Prevención en la tierra de la Flores.


Por Cristina Chiquin 

Mujeres de las Doce Comunidades Maya Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez, recorrieron hoy las calles de las ciudad Capital de Guatemala, para demandar que se finalice el Estado de Prevención impuesto por el Gobierno de Otto Pérez Molina , desde el 22 de septiembre del 2014.

Las mujeres denuncian el acoso sexual que han vivido de parte de los elementos de la policía Nacional Civil y soldados , el acoso sexual ha sido contra mujeres adultas y niñas. Por otro lado se denuncio como la presencia militar y policial ha generado miedo en las y los niños . 

Así como el abuso de autoridad que estos han tenido por otra parte se denuncia la intranquilidad que viven lo que no les ha permitido realizar sus actividades, así como las perdidas económicas y sociales en el cultivo y producción de flores.

"que se retiren los soldados y policías de nuestras comunidades porque por ello nostras no podemos salir a vender nuestras flores "

El estado de Prevención es realmente un estado de represión contra las 12 comunidades que luchan por su territorio. Hoy las mujeres portando flores luchan contra el militarismo y el control de la empresa Cementera y el Gobierno quien en lugar de velar por el pueblo , defiende los intereses de las empresas.

Las mujeres salieron temprano de San Juan Sacatepéquez para llegar a la ciudad y caminaron desde obelisco hasta el centro de la  capital en donde visitaron instancias como la Procuraduría de Derechos humanos , y denunciaron las violaciones de derechos humanos que se estan cometiendo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado   en el estado de prevención.

las mujeres expresaron ante las diferentes instancias  las agresiones que han vivido así como  el hecho de como se sienten ante estos hechos que amenazan sus vidas, cuerpo y territorio.

"Nostras nos vemos muy preocupadas con toda la conflictividad que estamos viviendo en San Juan Sacatepéquez , nuestras denuncias ya están hechas pero no vemos respuestas ,  por lo que nos vemos obligadas de salir en estas calles a manifestar nuestro descontento porque ya nos cansamos de tanta represión de parte de las fuerza pública , de parte de los ejércitos que ellos no han llegado a cuidarnos , sino más bien a violentar nuestros derechos.

Vivir con acoso sexual , no es vivir, nosotras las mujeres somos víctimas de todas estas violaciones, acoso sexual, intimidaciones...nosotras tenemos miedo de dejar solas nuestras casas, nuestras hijas porque ellos no nos cuidan si no que acosan a nuestras hijas"

Es por eso que nosotras como mujeres denunciamos las agresiones de parte de la policía y el ejército. No queremos Estado de Prevención.

El Estado de Prevención fue  alargado por parte del Gobierno 15 días más , durante el primer mes de se han registrado mas de 1,000 denuncias de violaciones a los derechos humanos de parte de la fuerzas de seguridad contra la población entre estas  68 denuncias individuales  de acoso sexual   por parte de la policía y soldados en contra de mujeres ,  así como una denuncia colectiva por acoso sexual contra niñas y jóvenes en  la comunidad de San Antonio las Trojes la cual fue firmada por 915 personas, otras denuncias se hicieron en el Pilar II , Las Trojes,  y Santa Fe ocaña.
Lo que demuestra la amenaza constante que viven las mujeres contra sus cuerpos y vidas. Es así como niñas, ancianas , jóvenes y mujeres de diversas edades caminaron para demandar el cese a la violencia Estatal y la violencia de una empresa Cementera que a fuerza de querer instalarse no le importa la vida de las personas.

Entre las manos portaban flores   y  no armas y en sus ojos  dignidad, su voz es la voz de muchas mujeres más que en este momento están siendo violentadas ,  no solo se tuvieron que enfrentar  a poder salir de sus casas para poder denunciar lo que está sucediendo en sus comunidades , si no también ante la indiferencias de las instancias gubernamentales  que a pesar de las denuncias puestas quieren seguir ocultando lo que está sucediendo.

Durante este proceso la empresa y el gobierno como garante de sus intereses    a girado ordenes de captura contra líderes comunitarios  de las 12 comunidades,  y como en los años de la guerra ante la violencia ejercido  por parte del estado, se  observa el desplazamiento forzoso de los hombres de las comunidades  por el miedo a ser  detenidos ilegalmente.

"Yo soy una mujer que me ha dolido bastante lo que ha vivido mi comunidad yo soy madre de familia,  tengo 7 hijos y  esto ha causado mucho temor a mis hijos   los soldados  y policías ,  intimidando a nuestros hijos pidiendo el nombre de nuestros esposos...por eso tenemos temor de que nuestros esposos sean capturados, ellos no tienen delitos , por eso nosotras hemos salido como mujeres a manifestar nuestro dolor"

 En San Juan Sacatepéquez las flores siguen brotando a pesar de  la represión , a pesar de la criminalización de la protesta social que es un derecho humano,   hoy un estado de Prevención pretende arrebatar la vida de las mujeres, la vida de las familias que luchan por el agua, por las flores, por la vida.
"somos mujeres de las 12 comunidades...por eso pido que se haga justicia, porque estamos así por la empresa porque se ha metido en nuestra comunidad...la mayor culpa que tenemos es defender la madre tierra...Soy una mujer trabajadora que va a cultivar, perdimos las flores porque  mi esposo no salió a fumigar por miedo....perdimos nuestra cosecha, por eso ven mujeres  aquí con flores en la mano porque eso es lo que cultivamos en nuestro territorio...nos han dicho que somos terroristas , pero no , el arma que nostras tenemos es el azadón, es el machete  y la piocha para cultivar nuestras flores para cultivar lo que comemos por eso  queremos que se haga justicia , quisiera llegar ahora a mi casa  y  ya no ver a los soldados  y  los policías...este es el dolor de mi alma"
A pesar de las intimidaciones, del acoso, de la criminalización contra su comunidad y contra ellas las mujeres caminaron, denunciaron, y se pidió que se retirara la militarización de su territorio   y el cese  de la violencia contra las comunidades y por ende el cese al Estado de Prevención.



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jueves, 16 de octubre de 2014

"La verdad de nuestros cuerpos" Caso Sepur Zarco se va a Juicio




«La violencia sexual en los conflictos debe considerarse como el crimen de guerra que es; ya no puede considerarse como un daño colateral desafortunado de las guerras»
Zainab Hawa Bangura,
Representante Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia sexual en los conflictos

Por Cristina Chiquin 

Las mujeres víctimas sobrevivientes del Caso de Sepur Zarco vieron materializada su lucha y resistencia el día 14 de Octubre del 2014,   cuando el Juez Miguel Ángel Gálvez del Juzgado de Mayor Riesgo B, resolvió la apertura a juicio en contra de  él ex al teniente Steelmer Reyes Girón    a esté último  se le acusa de  delitos contra los deberes de humanidad  en su forma de violencia Sexual, esclavitud Sexual y esclavitud doméstica en contra de 11 mujeres q`eqchi así como por el asesinato en contra de Dominga Choc  y sus dos hijas menores de edad, Anita  y Hermelinda Choc  Pop.



A Heriberto Valdés Asij  se le lleva a juicio por   desaparición forzada realizada el 25 de agosto de 1982 de   de 7 campesinos q`eqchi`s y delitos contra los deberes de humanidad en su forma de violencia  Sexual , sobre dos mujeres .

El destacamento militar de Sepur Zarco, durante la guerra interna en Guatemala sirvió como un centro de recreación y descanso para los elementos del ejército fue ahí que en los años de 1982 y 1986 que mujeres Q`eqchi`s fueron víctimas de violencia y esclavitud sexual a manos del Ejército de Guatemala, quienes desaparecieron y asesinaron a sus esposos y destruyeron sus bienes, siendo posteriormente desplazadas para convertirlas en esclavas domésticas y sexuales lo que duraría meses y hasta años. 




Durante la audiencia el Juez Miguel Ángel Gálvez hizo un recorrido sobre los testimonios presentados como prueba anticipada de 15 mujeres y 4 hombres Q`eqchi` , así como otros medios de prueba que se ha presentado durante el proceso todo esto para poder mostrar las causas del porqué se da la apertura a juicio.

"Dentro de las declaraciones   de las personas y dentro de las documentos incorporados es evidente que se dio violencia sexual y violación contra las mujeres"

Cabe resaltar que la violación sexual se enmarca dentro de los delitos contra la libertad y seguridad sexual artículos 173, 174; genocidio artículo 376 y como delitos contra los deberes de humanidad artículo 378 del Código Penal  Guatemalteco, los delitos antes descritos, por su naturaleza, son de acción  pública e imprescriptibles.[1]




La violación sexual fue utilizada  por el Estado como parte de una política contrainsurgente  y fue un instrumento de guerra   y una herramienta para generar terror  en la población teniendo impacto en el cuerpo  y vida de las mujeres y de toda la comunidad.

 Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico “las cifras de violación sexual, muestran un subregistro…en relación a otras violaciones de derechos humanos…”, registró 1465 hechos de violación sexual, de los cuales pudo documentar 285 casos. Este tipo de violencia estuvo dirigida en un 99% contra mujeres, siendo indígenas la gran mayoría de ellas (80%).



Es así como después de más de 30 años  se va  rompiendo el silencio,  y fueron 11 mujeres quienes con su testimonio  y lucha buscan justicia ante este nuevo camino que representa el juicio  en donde se  definirá la sentencia contra los acusados.

Demesia Yat víctima y querellante pidió durante la audiencia pronunciarse

"Nosotros no estamos inventando , nosotros vivimos y sufrimos con nuestro propios cuerpos...estoy aquí ante la ley para que se juzguen los hechos y para que nos se vuelva a repetir porque nosotras sufrimos con nuestra propia carne, lo que nosotros  estamos diciendo no es la mentira es la verdad de lo que sufrimos "

 Ya en Guatemala durante el juicio por Genocidio se logro reconocer la violencia sexual contra mujeres del pueblo Maya Ixil , donde se estableció que la violencia sexual y la violencia contra las mujeres era un crimen de guerra y  una estrategia genocida.

Queda esperar entonces esté histórico juicio en donde se pueda nuevamente mostrar la verdad de lo vivido por las comunidades específicamente de las mujeres que hoy  sacan su voz  y su cuerpo para pedir justicia, así  como de las que  perdieron la vida a manos de las fuerzas estatales de terror que intentaron destruir a la población.





Es necesario que estos crímenes no queden en la impunidad , para que no se sigan repitiendo, aún hoy en día después de la firma de la paz, la violencia contra la mujer y  la violencia sexual siguen siendo una estrategia de control sobre el cuerpo de las mujeres pero también   de la sociedad.

Luz Piedad  Caceido investigadora colombiana refiere    La única arma que no se entrega una vez firmada la paz es la que puede violar a una mujer, es así como  el poder ir rompiendo con la impunidad e ir mostrando la verdad  de lo sucedido es necesario para lograr la justicia   y poder ir rompiendo con la impunidad de la violencia estatal contra los pueblos.  







[1] Pronunciamiento del Tribunal de Conciencia sobre violencia  y esclavitud sexual realizado el 4 y 5 de marzo del 2010

lunes, 9 de junio de 2014

Brasil: ¿se descontrolará el consumo de sexo y el tráfico sexual durante el Mundial?


Florencia Godsman

Brasil es el segundo destino, después de Tailandia, para viajerxs, turistas y proxenetas implicados en el turismo sexual. Este hecho, sumado a las dificultades de persecución en el país de los delitos de trata y explotación sexual, hacen suponer que en el próximo Mundial de Futbol podría haber un enorme aumento de estos crímenes, como asimismo del consumo de prostitución por parte de turistas extranjeros que concurren al evento. Estudios internacionales sobre los Mundiales de Alemania y Sudáfrica, sin embargo, advirtieron que en esos eventos no pudo detectarse un especial tráfico de personas con fines de explotación sexual, aunque no fue medido específicamente el aumento del consumo de sexo. Sobre estos temas hablamos con Andrea Dip, periodista brasilera que escribió la investigación “Meninas en jogo”, luego de recorrer el país investigando el tema.

Brasil es el segundo destino, después de Tailandia, para viajerxs, turistas y proxenetas implicados en el turismo sexual. El 25% de los 1500 destinos turísticos que tiene Brasil tienen como uno de sus negocios más importantes la prostitución. A menos de 10 días del comienzo de la Copa del Mundo, en un país en plena convulsión social y reacción política al Mundial de Fútbol, se espera que la demanda de oferta sexual crezca.
Según datos de UNICEF, 500 mil niñas y niños menores de edad son víctimas del delitode explotación sexual. En este mismo marco, se estima que 600 mil turistas asistirán a la Copa, de lo que se deduce que el mercado de la compra y venta de sexo podría incrementarse debido al vínculo entre el aumento del consumo de prostitución y la ocurrencia de los grandes eventos deportivos.
En relación al estatus legal de la prostitución, existe en Brasil un proyecto que reglamenta la actividad, llamado Proyecto de Ley Gabriela Leite, que está parado en la Cámara de DiputadosMientras tanto la Marcha de las Vadías (o Marcha de las Putas) no para de crecer junto con el debate legalización / abolicionismo, y un enorme abanico de consignas que abarcan desde el acoso callejero, la legalización de la prostitución y la denuncia de las injusticias de la FIFA.
Andrea Dip es una periodista brasilera que recorrió durante tres meses el nordeste del país junto al ilustrador De Maio para hacer periodismo de investigación en una excelente y realista serie de historietas acerca de la vida de las jóvenes que se prostituyen (o son forzadas a hacerlo) en la ciudad de São Gonçalo do Amarante, municipio brasileño del estado del Ceará, perteneciente a la región metropolitana de Fortaleza.
Entrevistada para COMUNICAR IGUALDAD, Dip señaló que a partir de la investigación “Meninas en jogo” (“Chicas en juego”) pudieron identificar varios tipos de prostitución, explotación sexual y trata. Una de ellas son las poderosas redes de narcotráfico que trabajan con conexiones internacionales que permiten el tránsito de las mujeres hacia Europa desde el litoral brasileño, las que son perseguidas por fuerzas especiales de la policía nacional. “La gran mayoría de las mujeres que hicieron parte de nuestra investigación son personas que van circulando por todo el país”. Muchas mujeres jóvenes que viven en condiciones de pobreza, comparte Dip, negocian la venta de su cuerpo (“hacen programa”) a cambio de una piedra de crack (conocido en Argentina como “pasta base”, derivado de la cocaína).
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Las historietas son efectivas en la precisión de la información que brindan y en la visualización de estos casos a través de la narrativa en viñetas. Asimismo, el reportaje de Dip remarca que, para el desarrollo del turismo sexual, las redes organizadas se sustentan en dos pilares: por un lado la oferta generada por la vulnerabilidad socio-económica, emocional y/o psicológica de la persona victimizada y, por el otro, la demanda, o el cliente, beneficiado por la impunidad en una cultura machista.
Las cifras también hablan por sí solas: el año pasado las denuncias sobre tráfico de niñxs y adolescentes aumentaron un 86%al tiempo que las formas de explotación aparecen de maneras no tradicionales. Unicef informó de 1,2 millones de niñxs que son traficadas en el mundo- se trata de niñas negras, asiáticas y de origen latinas como las principales víctimas-. Según Pestraf la mayoría de las mujeres explotadas en Brasil son afrodescendientes y de clases populares con edades que oscilan entre 15 y 27 años.
Preocupante legado pos Copa
Representantes de organizaciones de mujeres señalan la falta de atención en las políticas sociales que generen empleo efectivo durante la Copa, así como el cuidado en los impactos sociales del evento. Vamos a vivir en un Estado de excepción” resumen ante el endurecimiento de las leyes que reprimen la protesta social pero que protegen de manera laxa a los turistas y extranjeros durante el evento futbolístico.
En virtud de las responsabilidades del Estado en función de la disminución del delito de explotación sexual, Brasil cuenta con un 2° Plan Nacional de tráfico de Personas, compuesto por 17 ministerios y 115 metas a cumplir hasta 2016, entre ellas la capacitación de profesionales de varias áreas, la creación de más de diez puestos de atención en ciudades de frontera, la aprobación de proyectos de ley que impliquen la pérdida de bienes implicados con el tráfico de personas y la internacionalización del mismo. También se han creado los servicios de denuncia telefónica “Disque 100” y “Disque 180”, centrales de denuncia que funcionan 24 horas al día.
Consultada respecto de la efectividad de estas instancias de denuncia, Dip detalla: “Lo que nosotros vimos en Ceará fue que existe una delegación de combate de la explotación sexual de niñxs y adolescentes para toda la ciudad. Cuando las denuncias llegan son encaminadas a los Consejos tutelares y a esa delegación. Las delegaciones no tienen gente suficiente para dar seguimiento a todas las denuncias y además que la denuncia de explotación sexual es diferente a la de abuso. Si el caso de explotación es flagrante, y si la delegada o la policía llega allá tres días después no va a encontrar a esa chica en esa situación. Entonces, es muy difícil que se pueda penalizar a una persona, principalmente cuando es extranjero, allí se pone más difícil todavía. Cuento en el reportaje que la primera noche cuando estaba entrevistando a una persona en un bar,  en la mesa de al lado había una chica de 12 o 13 años con un hombre viejo, entonces llamamos a una comisión tutelar y nos respondieron ‘no tenemos carro para poder ir’. Después llamamos a la policía y nos dijeron ‘si no están haciendo nada obsceno no podemos hacer nada’, ahí quedó clara esa impunidad… podemos tener leyes más duras pero ¿cómo la gente es responsabilizada, penalizada de hecho?.
Meninas en Jogo recuerda en cada tramo los derechos que protegen a niñxs y adolescentes y cita literalmente: “Todo niño/niña tiene derecho a una plena protección contra todas las formas de explotación y abuso sexual” (Declaración de Estocolmo sobre explotación sexual de niñas y adolescentes, 1998). Dip resalta su sensación de que las políticas públicas que están siendo implementadas no facilitan el diálogo con las mujeres y niñas que están sufriendo la vulneración de sus derechos. “Hay chicas que hacen ‘programas’ a cambio de 5 reales y esto es un fenómeno nuevo que está aumentando. Hay muchas caras para el problema del tráfico de personas, pero generalmente hay una relación con la extrema pobreza y la falta de perspectivas.Los programas sociales son raros y son muy hechos ‘desde arriba‘. No se conversa ni se intenta un diálogo con esas chicas, entonces se les ofrece una beca de estudios pero las niñas tienen que ser mayores de edad o tener la primaria completa, y eso no sucede porque muchas abandonaron la escuela. Esa falta de diálogo dificulta todo aún más”.

FUENTE: http://www.comunicarigualdad.com.ar/brasil-se-descontrolara-el-consumo-de-sexo-durante-el-mundial/

miércoles, 11 de diciembre de 2013

Abriendo brecha en la búsqueda de justicia: Violencia sexual contra mujeres q´eqchís en Guatemala






Luz Méndez Gutiérrez
En este artículo se narran y se analizan las historias de lucha por la justicia que han emprendido dos grupos de mujeres indígenas del pueblo q´eqchí de Guatemala, quienes viven el municipio de El Estor, departamento de Izabal. El primer grupo está conformado por quince mujeres de la comunidad Sepur Zarco, que interpusieron en el sistema de justicia de Guatemala una demanda penal por esclavitud sexual en un destacamento militar durante el conflicto armado. El segundo grupo lo integran once mujeres de la comunidad Lote Ocho, quienes presentaron en Canadá una demanda legal contra una empresa minera transnacional, por violaciones sexuales perpetradas por sus agentes de seguridad en Guatemala.

Elementos del contexto

Los acontecimientos que se relatan en este artículo tuvieron lugar en la región del Valle del Río Polochic, la cual abarca varios municipios de los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, en el nororiente de Guatemala. Esta región es rica en recursos naturales, como fértiles tierras, abundante agua, petróleo, níquel y otros minerales. En esta región se vive actualmente un proceso de reconcentración de la tierra para la producción de agro combustibles, tales como la palma africana y la caña de azúcar, así como la intensificación de la extracción minera. Dichas actividades se han impulsado a costa de nuevos despojos de tierras a la población campesina, generando conflictividad social, violencia y profundización de la aguda desigualdad en la estructura de tenencia de la tierra. Según el último censo agropecuario, el 57% de la tierra se halla en poder del 2% de propietarios, mientras que, en el otro extremo, el 3% de la tierra corresponde al 45% de propietarios (INE, 2004).

Al finalizar el conflicto armado, que duró más de 30 años, la Comisión de Esclarecimiento Histórico, reveló que durante ese período, en el marco de las graves y masivas violaciones a los derechos humanos contra la población civil, la violación sexual fue una práctica generalizada y sistemática realizada por agentes del Estado en el marco de la estrategia contrainsurgente, llegando a constituirse en una verdadera arma de terror, en grave vulneración de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario (CEH, 1998: 13)

Después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 hubo avances importantes en la construcción y fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Para los movimientos sociales esto significó la apertura de espacios para la participación ciudadana y la incidencia política, que ha dado como resultado la construcción de un marco legal favorable a los derechos humanos. Sin embargo, durante los años recientes se ha dado un proceso de involución, afectando especialmente al sistema de seguridad. Actualmente uno de los grandes problemas que afronta la ciudadanía son los altos índices de violencia delincuencial. En esto inciden viejos problemas socioeconómicos, políticos e institucionales no resueltos, así como el incremento de la economía criminal, particularmente el narcotráfico. En ese contexto, el feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres se han incrementado.

Los hechos de violencia sexual contra mujeres q´eqchís

Las mujeres de Sepur Zarco. En el marco del conflicto armado, mujeres del pueblo q´eqchí de varias aldeas de Izabal y Alta Verapaz fueron víctimas de esclavitud sexual en el destacamento instalado por el ejército en la aldea Sepur Zarco. En agosto de 1982 las mujeres fueron violadas sexualmente por los soldados, en sus casas, frente a sus hijos e hijas. Unos días antes miembros del ejército habían secuestrado y desaparecido de manera forzosa a los esposos de las mujeres. Ellos eran campesinos que se habían organizado para obtener los títulos de propiedad de sus tierras. A partir de ese momento las mujeres fueron sometidas a esclavitud sexual y esclavitud doméstica en el destacamento militar, durante períodos que van de seis meses a seis años. Organizadas por “turnos”, ellas fueron forzadas a presentarse cada dos días al destacamento, en el cual fueron violadas en forma sistemática y múltiple. A la esclavitud sexual se sumó la esclavitud doméstica, ya que tenían la obligación de preparar la comida y lavar los uniformes de los soldados. La explotación económica llegó al extremo de ser forzadas a proporcionar el maíz y el jabón, lo cual implicó que los hijos de las mujeres fueron sometidos a niveles extremos de pobreza y hambre (Méndez, 2012).



Las mujeres de Lote Ocho. 
El 17 de enero de 2007 un número indeterminado de mujeres de la comunidad Lote Ocho fue víctima de violación sexual, durante el desalojo violento de tierras perpetrado por agentes de la seguridad privada de la Compañía Guatemalteca del Níquel (CGN), conjuntamente con agentes de la Policía Nacional Civil y el ejército. La CGN era en esa época subsidiaria de la empresa minera transnacional HudBay Minerals, cuya sede se encuentra en Canadá. Cuando los agentes de la seguridad privada y estatal llegaron a la comunidad Lote Ocho, los hombres se hallaban realizando labores agrícolas en el campo. Los agentes atraparon a las mujeres en sus casas o en los alrededor cuando éstas trataban de huir, y las violaron delante de sus hijos. Muchas de ellas fueron violadas en forma múltiple, incluso por diez hombres.

Los dos grupos de mujeres fueron víctimas de múltiples violaciones a los derechos humanos. A las mujeres de Sepur Zarco, además de la violencia sexual y el asesinato o desaparición forzada de sus esposos, los soldados les destruyeron sus casas, cosechas y otros bienes materiales. Lo mismo ocurrió en la comunidad Lote Ocho donde los guardias de la CGN y los agentes del Estado quemaron las casas y las siembras. Mujeres de ambos grupos fueron forzadas a refugiarse en las montañas para escapar de la represión. Durante el desplazamiento murieron varios hijos e hijas de mujeres de Sepur Zarco, producto de enfermedades y la falta de alimentos.

Las secuelas

Las secuelas de la violación sexual son profundas y de larga duración. Entre las consecuencias físicas, las mujeres protagonistas de estas historias tuvieron abortos, embarazos forzados, incapacidad de volver a concebir, dolores que les han durado por muchos años, así como otras enfermedades.
 
Entre las secuelas psicosociales destacan el impacto del silencio y la estigmatización. Las mujeres de Sepur Zarco guardaron silencio durante 25 años sobre la violencia sexual vivida. Las mujeres de Lote Ocho también callaron durante varios años sobre la violación sexual. El tener que mantener en silencio hechos de tan profundo impacto en sus vidas, ha sido una pesada carga para ellas. La estigmatización social, que ha afectado a los dos grupos, ha tenido una especial crudeza para las mujeres de Sepur Zarco. El rechazo y los señalamientos contra ellas en su propia comunidad, en donde incluso han sido calificadas como “las mujeres malas”, les ha causado gran sufrimiento.

La violación sexual es el único crimen por el cual socialmente la vergüenza y la culpa recaen en los hombros de las propias víctimas y no en los perpetradores. Allí se halla la principal raíz del silencio forzado y la estigmatización social. Además, tales impactos son resultado del hecho que la violación sexual no se interpreta como una violación a los derechos humanos, como un problema social y político, sino como algo que corresponde al ámbito de la esfera privada.

Pasado-presente: el continuo de violencia sexual contra mujeres indígenas
La investigación en curso sobre acceso a la justicia para mujeres indígenas y campesinas, revela la existencia de patrones similares en la violencia sexual perpetrada contra mujeres q´eqchís en el pasado y el presente. Aún cuando median treinta años entre unos hechos y otros, las mujeres de los dos grupos fueron violadas en forma atroz, masiva y múltiple. Para comprender este continuo de violencia es necesario analizar la forma en que se entrelazaron en la vida y los cuerpos de las mujeres la opresión de género, el racismo contra los pueblos indígenas, así como la conflictividad agraria, que para el grupo de Sepur Zarco se expresó en el contexto del conflicto armado.

El despojo de tierras y la violación sexual de mujeres indígenas son dos problemas estructurales que han estado íntimamente entrelazados en la historia de Guatemala. Este vínculo despojo de tierras-violación sexual se halla en la base de las violaciones sexuales contra las mujeres de Sepur Zarco y Lote Ocho. Las mujeres de los dos grupos identifican que las condiciones contextuales que dieron origen a la violencia sexual que sufrieron están íntimamente vinculadas a las luchas comunitarias por la defensa de sus tierras. Las mujeres de Sepur Zarco explican que la violencia sexual de la cual fueron objeto es resultado de la represión contra los campesinos indígenas que se organizaron para obtener los títulos de propiedad de sus terrenos. La violencia vino porque luchamos por la tierra. (SZ.1-9). Para las mujeres de Lote Ocho el despojo de tierras y la violación sexual son dos violaciones a los derechos humanos que sufrieron de forma simultánea. Durante el segundo desalojo fue cuando nos hicieron el daño, en este segundo desalojo fue cuando fuimos violadas (L8.3-1).

En efecto, durante los hechos de violencia contra las mujeres de Lote Ocho y Sepur Zarco la violación sexual fue utilizada como mecanismo de control y sometimiento, como un medio de intimidación y castigo hacia las mujeres y sus comunidades, las cuales se habían organizado para defender sus tierras ancestrales. En ambos casos la violación sexual fue una herramienta para el despojo de tierras a la población campesina indígena. Además, la violencia sexual de la cual fueron objeto las mujeres de Sepur Zarco fue utilizada como arma de guerra en el marco de la política contrainsurgente del Estado durante el conflicto armado.

La dominación de género o sistema patriarcal jugó un papel central durante los hechos de violencia contra los dos grupos de mujeres, ya que aportó una ideología, así como un conjunto de normas y prácticas sociales que asignan a las mujeres una condición social de subordinación, mientras que otorga a los hombres una posición de supremacía. La violencia contra las mujeres constituye un componente estructural del sistema de dominación de género. Una de las características distintivas de este tipo de violencia es que se halla no sólo legitimada sino también normalizada socialmente. En los imaginarios patriarcales los hombres socialmente tienen el derecho de poseer y controlar a las mujeres, para lo cual el repertorio de mecanismos utilizados incluye la utilización de la violencia. La lógica patriarcal de concebir a las mujeres como propiedad de los hombres fue funcional a la política contrainsurgente durante el conflicto armado. El cuerpo femenino, que también se interpreta como territorio, fue utilizado para afirmar dominio y demostrar poder sobre otros hombres. La misma lógica aplica respecto a las violaciones sexuales contra las mujeres durante los desalojos de tierras en la época actual.

El racismo contra los pueblos indígenas ha facilitado la perpetración de la violencia sexual contra las mujeres indígenas, al profundizar su condición de inferioridad social. En Guatemala el 41% de los habitantes se identifica como indígenas y el 59% como no indígenas (INE, 2002). Los pueblos indígenas están compuestos por 23 grupos etnolingüísticos, mayoritariamente provenientes del pueblo maya. Una de las mayores riquezas de Guatemala es su diversidad étnica, cultural y lingüística. Sin embargo, históricamente estos pueblos han sido sometidos a un acendrado racismo, el cual se halla especialmente arraigado en la elite económica dominante. No obstante, el racismo ha penetrado todas las clases y grupos sociales, llegando a naturalizarse de tal manera que incluso las clases subalternas lo utilizan como elemento de recreación de su propia identidad (Casaúz, 2008: 20).

Abriendo brecha en la búsqueda de justicia

Las mujeres de los dos grupos buscaron justicia por senderos diferentes. En ese caminar las principales estrategias que han utilizado han sido la organización de grupos de mujeres –lo que les permitió contar con un espacio de confianza para hablar sobre la violencia sexual–, así como la construcción de alianzas con organizaciones feministas y de derechos humanos, a nivel nacional e internacional. Estas organizaciones han trabajado conjuntamente con los dos grupos de mujeres, desde una visión de transformación social.


Las mujeres de Sepur Zarco, en el marco de la justicia transicional, participaron en un proceso de construcción de memoria histórica y tomaron parte en el Primer Tribunal de Conciencia sobre violencia sexual durante el conflicto armado. Además, en 2011 presentaron una demanda penal en el sistema de justicia de Guatemala por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra ellas por agentes del Estado durante el conflicto armado.

Por su parte, las mujeres de Lote Ocho acudieron a cortes canadienses para obtener resarcimiento y justicia por los delitos de violación sexual perpetrados por agentes de la seguridad privada de la Compañía Guatemalteca del Níquel (CGN), que era subsidiaria de la transnacional canadiense HudBay Minerals cuando ocurrieron los hechos de violencia contra las mujeres. Ellas presentaron la demanda conjuntamente con la viuda de un profesor que fue asesinado y un joven que fue herido y dejado parapléjico por guardias privados de la CGN durante otros desalojos violentos de tierras. Se trata entonces de tres demandas presentadas en el sistema de justicia de Canadá.

A la fecha los dos grupos de mujeres han tenido avances importantes en la búsqueda justicia. Un juzgado de Guatemala aceptó dar curso a la querella penal presentada por las mujeres de Sepur Zarco y un tribunal de alto riesgo escuchó los testimonios de las demandantes, en calidad de prueba anticipada, durante 2012. Por otro lado, un tribunal de Ontario, Canadá emitió en 2013 un fallo aceptando conocer la demanda legal presentada por las mujeres de Lote Ocho, así como los otros demandantes, contra HudBay Minerals.

Los dos grupos de mujeres son protagonistas de procesos legales sin precedentes. Con sus luchas estas mujeres q´ueqchís están abriendo brecha para el acceso de las mujeres a la justicia, en los ámbitos nacional e internacional. La relevancia del caso de Sepur Zarco se halla en que es la primera vez que un tribunal nacional conoce crímenes de esclavitud sexual durante un conflicto armado. Casos de otros países han sido conocidos en cortes internacionales. Esto constituye un valioso aporte a las luchas para poner fin a la violencia sexual durante conflictos armados, una de las más generalizadas y más silenciadas violaciones a los derechos humanos en situaciones de guerra. El significado del fallo de la Corte de Justicia de Canadá proviene del hecho que es la primera vez en la historia legal de ese país que se admite juzgar a una empresa canadiense por su conducta en otros países. Con esto se lanza un fuerte mensaje para impedir que empresas extractivas transnacionales canadienses violen los derechos humanos en Guatemala y otros países.

Los procesos legales aquí expuestos aún no han concluido. Son muchos los obstáculos y retos que las mujeres enfrentan en el camino que emprendieron para alcanzar justicia. En primer lugar se halla el contexto de violencia y conflictividad agraria en la región donde viven. Además, las mujeres de Sepur Zarco se sienten permanentemente amenazadas por el hecho de que conviven en las mismas comunidades con varios de los perpetradores de la violencia sexual que vivieron. Por su parte, las mujeres de Lote Ocho están siendo sometidas a enormes presiones y chantajes por parte de la Compañía Guatemalteca del Níquel con el fin de que retiren la demanda legal en Canadá.

No obstante, lo avanzado hasta ahora por estos grupos de mujeres, renueva las esperanzas de que es posible organizarse y construir alianzas para romper el silencio y luchar para poner fin a la impunidad por violación sexual y otros graves crímenes cometidos contra las mujeres y sus comunidades. En el largo plazo lo que se busca es construir una sociedad justa, con respeto a los derechos humanos y sin violencias de ningún tipo.

Bibliografía:
Casaús Arzú, Marta Elena (2008). Genocidio, ¿la máxima expresión de racismo en Guatemala? Guatemala: F&G editores.
Comisión de Esclarecimiento Histórico 5–CEH– (1998). Memoria del Silencio, Las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia. Tomo III, Guatemala.

Méndez, Luz (2012). No me quiero morir sin alcanzar justicia. Esclavitud sexual durante el conflicto armado en Guatemala. Programa de las Américas. http://www.cipamericas.org/es/archives/8127

Instituto Nacional de Estadística –INE (2002). XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación. Guatemala.

Instituto Nacional de Estadística –INE (2004). IV Censo Nacional Agropecuario, Tomo I. Guatemala.

Sobre la autora

Luz Méndez Gutiérrez es investigadora y activista social, cuyo trabajo se enfoca en la erradicación de la violencia contra las mujeres y la plena participación de las mujeres en procesos de justicia y paz. Tiene una maestría en administración pública y especialización en estudios de género. Actualmente coordina el proyecto de investigación Acceso a la justicia para mujeres indígenas y campesinas en Colombia y Guatemala, una iniciativa colaborativa entre el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial –ECAP–, en Guatemala, así como la Universidad Javeriana y el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, en Colombia. 
 
 
 FUENTE: 
  [1] Artículo publicado en el boletín internacional Múltiples No. 20, octubre 2013, Just Governance Group, Canadá. Este artículo refleja algunos de los hallazgos de la investigación Acceso a la justicia para mujeres indígenas y campesinas en Colombia y Guatemala.