"Cobertura universal y financiamiento para la atención integral en salud a las guatemaltecas y los guatemaltecos de todo el País”
QUE PRETENDE PRIVATIZAR Y CONCESIONAR LA SALUD PUBLICA
La Comisión Nacional de Salud de la Conferencia Episcopal de Guatemala, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala, el Frente Nacional de Lucha, el Movimiento Ciudadano por la Salud (integrado por CONGCOOP, ASECSA, CEGSS, CEIBA, SERJUS), ante la intención de la Comisión de Salud del Congreso de la República con el respaldo de algunos Organismos Nacionales e Internacionales de aprobar la Iniciativa de Ley 4216 "Cobertura universal y financiamiento para la atención integral en salud a las guatemaltecas y los guatemaltecos de todo el País", a la opinión pública nacional e internacional manifestamos que:
1. El Sistema Nacional de Salud en Guatemala es centralizado, fragmentado, excluyente y racista. No cumple con garantizar el derecho a la salud como obligación del Estado, establecido constitucionalmente.
2. El Sistema Público de Salud se encuentra en una crisis generalizada que se manifiesta en el inminente colapso de la Red Hospitalaria, Centros y Puestos de Salud, Centros de Atención Permanente (CAP), Centros de Atención Materno Infantil (CAIMI) y Centros Comunitarios de Convergencia. Esto ocasiona el aumento de enfermedades prevenibles y muertes de mujeres, hombres, niñas y niños, agudizando la pobreza de la población guatemalteca.
3. En los últimos años se ha profundizado el debilitamiento deliberado del Estado mediante medidas de ajuste y privatización del Sistema Público de Salud, que se expresa en la reducción del presupuesto público, contratación de la prestación de servicios por organizaciones privadas utilizando fondos públicos, la transferencia de responsabilidades de prestación y financiamiento de servicios a ONGs y patronatos lo cual es única competencia de los organismos públicos y la contratación de trabajadores y trabajadoras de salud sin prestaciones laborales.
Rechazamos y nos oponemos a la Iniciativa de Ley 4216, por las siguientes razones:
1. Plantea que existe la necesidad de que la promoción, prevención, curación y rehabilitación de los servicios sea prestado por instituciones del Estado e instituciones privadas. La mezcla público-privado no se clarifica y tampoco se ofrecen garantías para evitar que dicha mezcla no se expanda hacia un proceso de privatización de los servicios públicos.
2. Plantea la Pertinencia Cultural desde el enfoque de asimilación y la ejemplifica con el hecho de que las comadronas puedan entrar a los hospitales. De todos es sabido que la Pertinencia Cultural es mucho más que este hecho.
3. No plantea la fuente de financiamiento para alcanzar el acceso universal. Si no se identifican de antemano las fuentes explicitas para el financiamiento, existe el riesgo de recurrir a mecanismos no sostenible como “donaciones de la cooperación internacional” o regresar al cobro por servicios a la población.
4. No se hacen explicito los servicios que serán incluidos en las llamadas “garantías explícitas” a la población y deja al MSPAS la definición de las mismas en un plazo de 6 meses. De las experiencias internacionales, es sabido que definir una cartera de garantías es un proceso técnico complejo que requiere una buena cantidad de información (costos, demanda y oferta de servicios etc.). Dicha información es limitada actualmente dentro del MSPAS. Por lo tanto, existe un riesgo serio de que la cartera de “garantías explícitas” se reduzcan únicamente a servicios materno infantiles y deje por fuera la atención a los otros grupos poblacionales a los cuales el MSPAS tiene obligación Constitucional de atender.
5. Se crean instancias de toma de decisión como el “Consejo Nacional de Salud”. Dicho consejo deja completamente por fuera la participación ciudadana en las instancias donde se definen las políticas públicas. La participación ciudadana está garantizada en la Constitución Política del país y en la Ley del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Este “Consejo Nacional de Salud” es por lo tanto, una negación del derecho de participación ciudadana, lo cual implica un retroceso sobre los derechos adquiridos. el cual está reconocido en el marco legal vigente.
Por todas las deficiencias del actual anteproyecto de ley y la evidente intencionalidad privatizadora del mismo, solicitamos al Congreso de la República:
1. Que no se apruebe la presente Iniciativa de Ley.
2. Que se inicie un nuevo proceso para la construcción de una Nueva Iniciativa de Ley que involucre a todos los actores sociales del sector salud.
3. La urgente ampliación presupuestaria para el Ministerio de Salud que evite el colapso del Sistema Público de Salud mientras se discute y acuerda un nuevo proyecto de Ley.
4. Que se retome con la seriedad y urgencia que amerita la discusión de la Reforma Fiscal planteada en el Pacto fiscal. Dicha reforma deberá generar los recursos para el financiamiento público de la cobertura universal de los servicios de salud con criterios de sostenibilidad y justicia tributaria.
Hacemos un llamado a todas las Organizaciones Sociales, Populares y Comunitarias para manifestar el rechazo a esta iniciativa de ley y demandar un nuevo proceso que sea participativo.
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