Históricamente la situación de la Salud Sexual y Reproductiva de la mujer guatemalteca ha sido un serio problema. Al igual que en los otros países del área, los datos sobre este aspecto son escasos, existe subregistro o bien, los datos son publicados con considerables años de atraso, estos datos han sido utilizados para el planteamiento de políticas gubernamentales o como metas trazadas para alcanzarse en distintos convenios firmados por nuestro país ante los organismos internacionales que subsidian la atención en salud y que colaboran con la aplicación de los mismos, tal es el caso de los planes de salud para el año 2000, algunas metas un tanto utópicas o alejadas de la realidad siempre han contemplado la atención a grupos vulnerables y dentro de estos a las mujeres.
Un elemento importante ha sido el esfuerzo por disminuir la mortalidad materna, indicador por sí mismo de la disparidad y desigualdad existente entre hombres y mujeres, pobres y ricos, urbanos y rurales, evidencia el pobre acceso a los servicios de salud, nutricionales y condiciones económicas de la sociedad guatemalteca.
Los datos epidemiológicos no son nada halagadores, según informe de mayo del 2008, del Observatorio de Salud Reproductiva. En Guatemala la razón de la mortalidad materna es de 153 muertes de mujeres por causa relacionada con el embarazo y el parto de cada 100 mil niños y niñas, sin embargo, no es de extrañar que en nuestro país un número más elevado de víctimas lo constituyan las mujeres indígenas, analfabetas, en departamentos con altos índices de pobreza y ruralidad.
Las complicaciones del embarazo y el parto son las principales causas de muerte entre mujeres de 15 a 49 años. Por cada mujer que muere a raíz de esta causa, entre 20 y 30 mujeres más desarrollan en el corto y largo plazo otras enfermedades o incapacidad relacionadas con la misma.
La mortalidad materna es tres veces más alta entre mujeres indígenas (211 muertes maternas por 100 mil niños nacidos vivos), que entre mujeres ladinas (70 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos). La mayoría de las muertes maternas ocurre el mismo día del parto (52% del total de muertes maternas), o en la primera semana del parto (22%).
En Guatemala las muertes maternas todavía se deben a las mismas causas históricas, estas son hemorragias (53%), infecciones (14%), hipertensión inducida por el embarazo (12%) no es por gusto que en la jerga médica estas tres afecciones sean conocidas como los tres jinetes del apocalipsis, y finalmente el aborto inseguro (10%) que por sí mismo puede complicarse con infección y hemorragia, con lo que se engrosan las estadísticas de la dos primeras mencionadas. Debe recordarse que la Constitución Política de la República garantiza la vida desde su concepción hasta su nacimiento (Artículo 3), por lo tanto, el aborto es tipificado como delito, razón por la cual las mujeres muchas veces recurren a procedimientos inadecuados o visitan establecimientos insalubres arriesgando su vida y su salud reproductiva futura.
Los lugares en donde ocurren los fallecimientos son, cinco de cada diez muertes en el hogar; y cuatro de cada diez, en establecimientos de salud públicos o privados. Al momento del parto, seis de cada diez madres que fallecieron fueron atendidas por comadronas, por un familiar o por ellas mismas, y únicamente tres de cada diez recibieron atención por un proveedor de salud. La cobertura del parto en mujeres ladinas es de 57% y en indígenas es de 19.5%.
La mortalidad materna en siete departamentos del país es superior al promedio nacional de 153 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos: Alta Verapaz (226), Sololá (264), Huehuetenango (246), Izabal (207), Totonicapán (197), Quiché (171) y Petén (162).
Dentro de los programas de Salud Reproductiva, un derecho inalienable lo constituye la libre elección de la mujer a elegir el número de hijos que desee tener y las medidas que se encaminen a garantizar este derecho, por medio de la libre elección al método de planificación familiar. Nuevamente existe una brecha inmensa entre la población rural y urbana, en el área urbana la necesidad de servicios de planificación familiar no es cubierta en un 20%, y para el área rural la proporción no cubierta es de 32.3%. Por otro lado, la prevalencia de uso de anticonceptivos entre las mujeres indígenas es de 23.8% y entre las mujeres ladinas es de 52.8%.
No se puede pasar por alto un elemento importante relacionado con estas desigualdades y es el papel que juega la pareja en la elección de un método de planificación familiar. El machismo arraigado en nuestra población limita el acceso a un método adecuado, ya que las mujeres para optar y decidir por uno, sin importar cuál sea, deben contar con la autorización del esposo, o bien, deben acudir en secreto, a escondidas para solicitar protección anticonceptiva, lo mismo sucede con el arraigo cultural o el tabú religioso.
A partir de los compromisos suscritos en el marco de los Acuerdos de Paz, específicamente en el “Acuerdo sobre aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria” se determinó el compromiso del estado de aumentar en un 0% del gasto público en salud a la atención preventiva y en la disminución de la tasa de mortalidad materna en Guatemala, posteriormente en octubre del 2001, el Estado Guatemalteco decretó la Ley de Desarrollo Social, en la que establece como prioridad en materia de salud poblacional “reducir las tasas de mortalidad con énfasis en el grupo materno-infantil”. Así mismo, creó el Programa Nacional de Salud Reproductiva, para facilitar la “accesibilidad a los servicios de salud reproductiva a mujeres y hombres”, consignando la vida y la salud de las madres, hijos e hijas como un bien público y definiendo la maternidad saludable como un asunto de urgencia nacional. No fue el único esfuerzo en materia legal, ya que además del decreto en mención, se ha contemplado en la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de la Mujeres Guatemaltecas y en el Plan de Equidad de Oportunidades (2001), la Ley General de Descentralización y fueron reformadas la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural así como el Código Municipal (2002).
Al parecer el mejoramiento de los índices de deterioro de la mujer guatemalteca es una batalla no ganada, hasta que no exista la coordinación adecuada que parta de una voluntad real de las autoridades políticas involucradas en el cuidado de la Salud integral de la población, siendo éstas, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, y con el pleno respeto a la Salud Reproductiva de la población.
Fuente : Mujeres y Medios
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