Después de la tragedia en Los Pajoques, los medios de comunicación masiva hacen énfasis en que una familia fue masacrada; sin embargo, poco se publica sobre otras dos personas asesinadas y cuatro heridas -dos menores de edad-, quienes fueron atacadas con arma de fuego y presuntamente por trabajadores de la empresa Cementos Progreso. Hechos ocurridos la noche del 19 y la madrugada del 20 de septiembre de 2014, en los cuales ocho personas perdieron la vida, hubo cuatro heridos y varias familias desplazadas. Los dos comunitarios asesinados por supuestos trabajadores de la cementera tenían esposas, hijas e hijos; una niña, que nació hace 25 días, nunca conocerá a su padre.
FRANCISCA GÓMEZ GRIJALVA
Este trágico suceso en Los Pajoques ha llevado a las autoridades comunitarias y a las 12 comunidades a preguntarse hasta qué punto esta fue una provocación, porque la carretera que se pretende construir pasará por esta comunidad, y muchas familias se han negado a vender sus terrenos porque es la única base con que cuentan para su existencia material, espiritual y social.
En su manera de pensar, esos hechos lamentables fueron la justificación para que el presidente Otto Pérez firmara el decreto 6-2014 el 21 de septiembre, que establece el estado de Prevención en el municipio de San Juan, pero llama la atención que el Ejército y la Policía Nacional Civil concentra una masiva presencia en cuatro comunidades: Los Pajoques, Santa Fe Ocaña y los Pilares I y II.
Resulta llamativa la cantidad desproporcionada de efectivos presentes en estas comunidades civiles e indefensas, en las cuales hay gran cantidad de patrullas de la policía militar y de la PNC de los departamentos de Retalhuleu, Quiché, Sololá, Chimaltenango, Suchitepéquez, Escuintla, Totonicapán, etcétera.
Esta medida represiva restringe garantías constitucionales, entre ellas el derecho de reunión y manifestación, que han sido claves para la resistencia pacífica de las 12 comunidades maya kaqchikel, que rechazan la minería de cemento y la construcción de una carretera que avizoran perjudicará negativamente sus vidas.
Las comunidades viven con mucho temor e indignación, señalan que las 36 o 40 órdenes de captura fueron emitidas contra personas inocentes, su delito es negarse a vender sus terrenos. Las niñas y los niños no quieren ir a la escuela porque los soldados los interceptan en los caminos y les ofrecen dulces con tal de que digan quiénes son sus padres y dónde están.
Las mujeres, las adolescentes y jóvenes no quieren salir de sus casas porque los policías y soldados las acosan y las insultan; ellas cuentan: “Los soldados y los policías nos dicen palabras feas que no nos gustan”. Es comprensible que las jóvenes no quieran repetir esas palabras, se trata de insultos misóginos e intimidantes que vulneran y ponen en riesgo su integridad, su seguridad, su vida, su libertad y su dignidad. También, varias mujeres expresan que los trabajadores de la cementera se burlan de ellas y les dicen: “¿Verdad que ahora sí tienen miedo?”
Las mujeres maya kaqchikel y sus comunidades demandan que el presidente Otto Pérez derogue el estado de Prevención en San Juan Sacatepéquez, que extendió por 15 días más, decreto 9-2014.
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